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Expropiación de YPF a Repsol
El 16 de abril de 2012, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner presentó un proyecto de ley para que el Estado argentino expropiase sin indemnización la propiedad de YPF, declarando el 51 % del patrimonio de YPF de utilidad pública y sujeto a expropiación. De ese 51 % expropiado, un 49% iría a las provincias y el 51 % restante al Estado Nacional. La presidenta argentina justificó la decisión al considerar que la empresa mantenía una insuficiente inversión y una escasa producción; lo que hizo que en el 2011, por primera vez desde que se privatizó la empresa en los años 90, Argentina tuviera que importar más gas y petróleo que el que produjo. Según algunos medios, podría tratarse de una medida anticonstitucional ya que el artículo 17 de la Carta Magna argentina señala que la expropiación por utilidad pública “debe ser calificada por Ley y previamente indemnizada”. Repsol se defendió argumentando que desde la compra de YPF en 1999 hasta 2011 invirtió más de 20 000 millones de dólares estadounidenses en YPF, y duplicó el número de contrataciones fijas hasta superar los 16 000 empleados. Las inversiones anuales de YPF, durante la gestión de Repsol, fueron muy superiores a las de muchos otros operadores del país, según informes de la consultora Deloitte & Co.
Sin embargo, fue acusada de incumplir sus compromisos de inversión en la industria petrolera argentina y de priorizar el reparto de beneficios entre sus accionistas y hacia el exterior, generando así un aporte ínfimo al desarrollo de la industria argentina de los hidrocarburos. Por otra parte, se ha publicado que Repsol negociaba a espaldas del Gobierno argentino la venta de YPF a la petrolera china Sinopec, operación que habría sido abortada con la nacionalización. Repsol firmó un acuerdo para la venta del 25% de YPF сοn el Grupo Petersen, propiedad de Enrique Eskenazi, un banquero cercano al expresidente argentino Néstor Kirchner, reparto que apoyó Repsol dada la situación por la que atravesaba causada por la crisis de 2008.
Repsol anunció que llevaría a cabo las acciones legales necesarias para «preservar el valor de todos sus activos y los intereses de todos sus accionistas», aludiendo al tratado de protección de inversiones firmado por España y Argentina en la década de 1990. Entre las medidas anunciadas se citaba una demanda contra el Estado argentino ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones.
Repsol criticó la medida, calificándola de discriminatoria, al ser el único accionista de YPF sujeto a la expropiación, cuando Néstor Kirchner (por entonces gobernador de Santa Cruz) vendió las acciones de su provincia al grupo español, obteniendo $600 millones en ella y los elogios de la presidenta de Argentina cuando felicitaba a Repsol por aumentar la producción dando excelentes resultados.
La expropiación se produjo tras del descubrimiento de Vaca Muerta, el mayor hallazgo de petróleo y gas no convencional de Argentina. La expropiación impactó en Repsol, perdiendo peso en el Ibex 35, al perder activos valorados entre 400 y 600 millones de euros y recibió bajas en las calificaciones de las agencias Moody’s y Fitch.
El Gobierno de España buscó apoyo extranjero para contrarrestar la nacionalización, pero si bien la UE y EE. UU. hicieron saber su posición, la UE rechazó el plan de excluir a Argentina de los negocios con el Mercosur y el G-20 no dio espacio para tratar el tema. En Latinoamérica respaldaron a Repsol los gobiernos de México, Guatemala, y Perú. Por su parte, los gobiernos de Brasil, Venezuela, Uruguay, Chile y Bolivia expresaron su apoyo a la decisión del Gobierno argentino afirmando que se trataba de una decisión soberana de ese país. El 19 de abril también el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, expresó la solidaridad de su país con Argentina respecto de la expropiación de YPF. En general, los gobiernos y partidos derechistas se posicionaron a favor de Repsol, mientras que los gobiernos de izquierdas se posicionaron a favor de la nacionalización.
El Gobierno español del PP y el principal partido de la oposición, PSOE, mostraron su apoyo a Repsol. Por su parte, la izquierda española mostró su respeto por la decisión del Gobierno argentino, advirtiendo que la nacionalización afectaba a un privado y no al Gobierno de España.
El FMI se mostró contrario a la nacionalización de YPF, afirmando que la expropiación previa de YPF «no es favorable para la inversión y el crecimiento». Asimismo, consideró la expropiación una «decisión soberana de Argentina» y negó que haya una ola de expropiaciones en América Latina. El G-77 más China apoyó a la Argentina y destacó la recuperación de la soberanía de los recursos naturales. Debido al escaso respaldo internacional al gobierno español, Repsol amenazó con tomar medidas legales contra compañías como Exxon o Chevron si decidían invertir en YPF.